Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha

CCOO insta a la JCCM la expulsión inmediata de la contrata de Seguridad del Sescam en Guadalajara

Guadalajara, 14 de marzo de 2018. CCOO ha registrado hoy en la delegación de la JCCM en Guadalajara un escrito de denuncia de la empresa Ariete Seguridad, contrata de Seguridad de gran parte de los centros sanitarios del Sescam en la provincia desde 2014, con sucesivas renovaciones. El sindicato exige al Gobierno regional la inmediata resolución del contrato con esta empresa.

14/03/2018.

La denuncia de CCOO detalla los numerosos incumplimientos del pliego de condiciones en los que viene incurriendo Ariete Seguridad desde la última renovación de su contrato con el Sescam, en agosto de 2017; las continuas agresiones a los derechos de los trabajadores en materia de salud laboral, formación, equipamiento; y, desde el pasado 1 de enero, la aplicación unilateral de un recorte salarial mensual de entre 180 y 200 euros a los 22 vigilantes encargados del servicio, lo supone una evidente y gravísima modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Ariete Seguridad, que tiene encomendada la vigilancia y seguridad de los centros sanitarios adscritos a la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Guadalajara (Hospital Universitario, Instituto de Enfermedades Neurológicas, Centro de Especialidades de Azuqueca, Unidad de Agudos de Adolescentes (UCA) y Salud Mental; Centro de Salud Manantiales), “ha comenzado a aplicar a su plantilla un convenio propio de empresa, lo que agrade claramente a los derechos de los trabajadores y contraviene sus obligaciones contractuales con la JCCM”, denuncia Fátima Pacheco, responsable de CCOO-Construcción y Servicios en Guadalajara.

Pacheco recuerda que el Acuerdo de Estabilidad en las Contratas firmado por el Gobierno de CLM y los sindicatos CCOO y UGT en julio de 2017 obliga a la Administración a incluir en todos los pliegos la obligación de las empresas de aplicar a sus plantillas los convenios colectivos sectoriales, y en todo caso los más favorables para los trabajadores.

Además, el Gobierno regional se compromete a adoptar medidas, incluida la resolución del contrato, contra aquellas empresas incumplidoras. “Este es el caso de Ariete Seguridad, que en agosto de 2017 volvió a renovar la adjudicación del servicio con la condición de aplicar el convenio del sector, pero que cuatro meses después ha empezado a aplicar el suyo propio, en perjuicio de los salarios y de los derechos de sus trabajadores”

Pero la relación de incumplimientos de Ariete incluye además dos largas listas de infracciones administrativas y laborales.

Así, esta empresa no ha revisado desde el 1 de agosto de 2014 el sistema de videovigilancia, de forma que una parte de las cámaras de seguridad del Hospital ni graban ni funcionan.

Tampoco ha implantado el Sistema de Gestión de Seguridad ni tampoco ningún medio técnico (sistema de detección y transmisión de alarmas de intrusión, etc.), pese a que tenía que haberlo hecho en un plazo de 60 días desde la última renovación de la contrata (25 de agosto de 2017). Tampoco ha nombrado jefe de equipo que coordine la vigilancia y seguridad de todos los centros de la GAI, obligación recogida también en el pliego.

En cuanto a derechos laborales, los incumplimientos son igualmente graves y numerosos: Desde el 1 de agosto de 2014, Ariete Seguridad no ha vuelto a hacer ningún reconocimiento médico a sus trabajadores. Desde esa misma fecha no ha vuelto a darles ninguna información en materia preventiva.

Jamás les ha impartido ningún curso de formación (hay obligación legal por convenio de dedicar un mínimo de 20 horas anuales); incluido ninguno de formación específica sobre vigilancia y seguridad de hospitales y centros sanitarios -sector que desdichadamente padece su específica y no menor conflictividad y tensión.

Ariete Seguridad tampoco ha facilitado a sus trabajadores equipos de protección individual (trajes y mantas ignífugos, botellas de aire, silla, mazo, camillas máscaras…) ni material técnico (guantes anti corte, teléfonos, walkies, caja fuerte, etc.), pese a que están obligados por el pliego.

“Todas estas prácticas e incumplimientos, que CCOO ya ha denunciado repetidamente al director de Gestión y Servicios Generales sin obtener hasta ahora ninguna respuesta clara, reclaman con urgencia una actuación contundente de la Administración”

Además de la resolución del contrato con Ariete Seguridad, CCOO reclama “la reposición con carácter retroactivo de los derechos económicos de los trabajadores” que la empresa ha dañado al recortarles sus nóminas entre 180 y 200 euros.