Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha

CCOO, CSIF, UGT y STAS convocan concentraciones de empleados públicos de la JCCM el 25 de octubre en todas las provincias de CLM

Toledo, 3 de octubre de 2018. Los sindicatos CCOO, CSIF, STAS Intersindical y UGT ha anunciado hoy las primeras acciones del calendario de movilizaciones conjuntas que han acordado poner en marcha para exigir al Gobierno regional la negociación de un acuerdo para la mejora del empleo público en la JCCM y para la recuperación de derechos de los empleados de la administración autonómica.

03/10/2018.

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Los cuatro sindicatos, que representan a cerca del 90% de los trabajadores de la JCCM, convocarán concentraciones el próximo 25 de octubre en las cinco capitales de provincia de la región y advierten de que posteriormente las movilizaciones “irán a más”.

Hasta esa fecha, se reunirán con los grupos políticos representados en las Cortes de CLM y visitarán los centros de trabajo de la Administración autonómica para explicar, tanto a los responsables políticos como a los empleados públicos, la propuesta que presentaron al Gobierno para aplicar en CLM el Acuerdo Estatal de Mejora del Empleo Público y que éste se negó a negociar en la Mesa General de la Función Pública celebra los pasados 18 y 19 de septiembre.

Tras aquella reunión, el Gobierno impuso su propia propuesta de aplicación en CLM del Acuerdo Estatal y dio por concluidas las negociaciones, lo que provocó que los sindicatos anunciaran su decisión de movilizarse para exigir la reapertura de la Mesa en el plazo de una semana.

Ante este emplazamiento, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, dijo que llamaría individualmente a cada sindicato “para seguir negociando”, propuesta que los sindicatos han rechazado de plano y han considerado un intento del consejero de romper su unidad de acción.

“No aceptamos ir de uno en uno a su despachito”, han subrayado. “Lo que tiene que hacer el todopoderoso consejero de Hacienda es recordar que también lo es de Administraciones Públicas y convocar

y acudir personalmente a dar la cara ante el órgano legítimo de negociación, que es la Mesa General de la Función Pública”, a cuya reunión de los pasados días 18 y 19 de septiembre no asistió Ruiz Molina.

“Allí le explicaremos otra vez propuesta conjunta de todos los sindicatos, que tiene desde hace muchos días. Pero si lo ha perdido se lo volvemos a mandar”.

Los sindicatos han descalificado también las explicaciones del consejero sobre la aplicación en CLM del Acuerdo Estatal de Mejora del Empleo Público y han recalcado que el Gobierno de CLM ha limitado a cumplir lo estipulado en el Acuerdo Estatal en materia salarial, que es de obligado cumplimiento en todas las administraciones públicas; sin añadir ninguna mejora.

Sin embargo, el Ejecutivo de CLM se niega ni siquiera a abordar la negociación de los fondos adicionales previstos en el Acuerdo Estatal, que los sindicatos consideran imprescindibles para revertir los recortes de la pasada legislatura, para aplicar la Ley de Empleo Público de CLM (pendiente desde 2011), para revisar la RPT de la JCCM (pendiente desde hace dos décadas); para recuperar la carrera profesional en la Sanidad, para recuperar también las ratios de alumnos por aula en la Educación, etcétera.

Para estas y otras mejoras a negociar con los sindicatos, el Acuerdo estatal permite a las comunidades autónomas disponer “fondos adicionales” en los próximos tres años, por un monto equivalente al 0,2% de la masa salarial en 2018, al 0,25% en 2019 y al 0,3% en 2020. En CLM, supondría alrededor de 19 millones en tres años.

Los sindicatos denuncian que, aunque han dado “todo tipo de facilidades, incluso rebajar al 0,10% el 0,20% de este año y acumularlo para el 2019”, el Gobierno de CLM es, junto con el de Euskadi, el único de España que niega a hablar siquiera de los fondos adicionales.

Otra cuestión clave que provoca la “decepción e indignación” de los sindicatos es la negativa del Gobierno a garantizar la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales, tal y como permite el Acuerdo Estatal. El Gobierno asegura que lo hará, pero se ha negado a aportar a los sindicatos los informes jurídicos que garanticen la viabilidad de esta medida; que el Gobierno Page ya implantó al inicio de la legislatura pero fue anulada a instancias del Gobierno de España por el Tribunal Constitucional.

Los sindicatos insisten en que el Gobierno “se queda a medio camino” en el cumplimiento de los compromisos con los empleados públicos y advierten que el descontento de los 70.000 trabajadores de la JCCM tendrá repercusiones en las urnas en las elecciones autonómicas de la próxima primavera.