El trabajo decente y la garantía de igualdad de oportunidades

    Es necesario romper las reglas de la precarización instaladas, y entre ellas las que se refieren a los recursos y herramientas que facilitan el acceso a un empleo. No queremos ser iguales, pero sí tener iguales oportunidades.

    11/10/2018.
    Paqui Jiménez

    Paqui Jiménez

    Desde que estalló la crisis económica hace 10 años, asistimos a una degradación y precarización de las condiciones laborales, y entre sus consecuencias más graves la generación de grandes desigualdades entre las personas, pobreza y deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía en general. Bueno, salvo para ese 1% de la población que vive mejor que antes de la crisis.

    De un tiempo a esta parte, la búsqueda de un empleo digno y decente entraña serias dificultades. En primer lugar, porque ante los cierres y despidos de años anteriores, el miedo se instaló entre los trabajadores, de tal modo que se bajó la guardia en la exigencia de un horario, salario y condiciones de trabajo dignas que permitan a la clase trabajadora conformar un proyecto de vida y de futuro. Por otro lado, determinadas personas (que aunque solemos agrupar en colectivos, no debemos olvidar que cada persona va acompañada de circunstancias, intereses y necesidades individuales), mayores de 45, mujeres o jóvenes, que han sufrido doblemente la desconexión laboral y cuya reincorporación está siendo más complicada y dolorosa.

    Las reglas del juego en este sentido están siendo injustas con aquellas personas que tras muchos años de profesión se ven en desempleo, con un empresariado en ocasiones incapaz de valorar el conocimiento y experiencia acumuladas, descartándolos y expulsándolos del mercado laboral. A la juventud o a quienes buscan su primer empleo se ofrecerá una oportunidad para el que muchas veces se encuentran sobrecualificados, con salarios de miseria, y horarios extraordinarios de alta disponibilidad que impiden la conciliación, con horas no pagadas ni cotizadas, quedando condenados a la precariedad presente y futura. Y todo ello se duplica si eres mujer.

    La desigualdad no ha venido solo a la hora de ejercer una profesión o un empleo, sino que se ha instalado desde el momento de la búsqueda de un trabajo. Hoy se presentan ante nosotros recursos privados para la búsqueda en forma de plataformas privadas, agencias de colocación, y hasta bolsas de empleo en webs de asociaciones empresariales que se ofrecen para realizar la intermediación laboral entre la empresa y quien busca una oportunidad laboral.

    No podemos obviar que las tecnologías se han instalado en nuestro entorno y son necesarias. No obstante, cuando una bolsa anuncia contener miles de “candidatos”, y las empresas, aun guardando el anonimato, pueda estar recibiendo directamente CV ¿Ofrecen garantías suficientes para la protección de datos de las personas trabajadoras que acceden a ellas? ¿Se atiende bajo el principio de igualdad y no discriminación? Son solo dos cuestiones básicas a las que no se da suficiente respuesta desde el ámbito privado, y así se ha demostrado en procesos como los que gestionan flujos migratorios, o cuando observamos ofertas de empleo que limitan el acceso a un trabajo por la edad, apariencia o por género.

    Son los Servicios públicos de empleo, desprestigiados y desvalorizados de manera premeditada en años anteriores, los que cuentan con personal altamente cualificado para la atención y orientación de las personas que se encuentran en búsqueda de empleo. En ese proceso tan importante para la vida y bienestar de las personas que precisan de asesoramiento personalizado sobre los recursos a su alcance para adquirir las competencias necesarias que garanticen unas mejores condiciones de acceso al mercado laboral, y en este proceso sea respetada su condición de persona y trabajadora antes que candidato, y con todas las garantías de igualdad y seguridad.

    Deberemos exigir la modernización de los servicios públicos de empleo, que cuenten con una dotación personal suficiente y adecuada, pero sin duda es hoy quien puede ofrecer garantías de protección suficientes de la intimidad e igualdad de las personas.

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