CCOO exige a las Administraciones y Empresas Públicas de CLM los Fondos Adicionales derivados del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público 2018-2020

    Toledo, 7 de mayo de 2019. CCOO ha exigido hoy a todas las administraciones y empresas públicas de CLM los Fondos Adicionales derivados del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público 2018-2020, “que son de aplicación obligada, no discrecional”.

    07/05/2019.
    Mercedes Gómez, Lola Cachero y Chelo Cuadra, secretarias generales del área pública de CCOO

    Mercedes Gómez, Lola Cachero y Chelo Cuadra, secretarias generales del área pública de CCOO

    En el caso de la JCCM, CCOO ha cuantificado en 24 millones de euros la cuantía global a la que ascienden los fondos adicionales en los tres años afectados por el mencionado acuerdo. De ellos, el sindicato ha instado a comenzar a negociar cuanto antes los de los ejercicios 2018 y 2019, que ascienden a 6,24 y 7,99 millones de euros respectivamente según los cálculos de CCOO, que cifra en cerca de 10 millones más los correspondientes a 2020.

    “Estamos en pleno proceso electoral y somos conscientes de que en este mes de mayo no se va a poder llevar a cabo, pero en cuanto se configuren los nuevos gobiernos han de ponerse a ello, pues deben a sus empleadas y empleados los fondos adicionales de 2018 y 2019. Negociar lleva su tiempo, por ello han de hacerlo lo antes posible, porque ya llegan tarde; más de un año tarde”, ha señalado la secretaria general de CCOO-FSC de CLM y coordinadora del Área Pública del sindicato en la región, Lola Cachero.

    Cachero ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa con las secretarias generales de CCOO-Enseñanza y de CCOO-Sanidad y Servicios Sociosanitarios CLM, Mercedes Gómez, Chelo Cuadra, para explicar que ha sido el propio Ministerio de Política Territorial y Función Pública el que, tras la última reunión de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo, ha confirmado “la obligación de destinar los porcentajes previstos para cada ejercicio a fondos adicionales, no siendo en ningún caso potestativa la distribución o no de los mismos.”

    Así pues, el mencionado Acuerdo obliga a las administraciones y empresas públicas a destinar a fondos adicionales un porcentaje de masa salarial de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, el 0,2%, 0,25% y 0,30%, respectivamente.

    En cada ámbito, los responsables de las administraciones y empresas públicas deben negociar con la Representación Legal de sus Trabajadores el destino de ese dinero, que puede dedicarse a planes o proyectos de mejora de la productividad, a la revisión de RPT; a la mejora de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, a la homologación de completos de destino o la aportación a planes de pensiones, entre otros posibles destinos para la mejora del empleo público y de las condiciones laborales del personal al servicio del sector público.

    “No vamos a consentir que las administraciones se queden con ese dinero. Las empleadas y los empleados públicos sufrimos muchos recortes durante un periodo muy largo y no dudaron en aplicarlos. Pero al hablar de mejoras cuesta mucho que se apliquen. Esperamos que la próxima legislatura finalice el proceso de recuperación y se apliquen los acuerdos que el Estado dice que son de obligado cumplimiento”, ha subrayado Cachero.

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