Un debate necesario, plural y apasionado

  • Responsables de Agricultura, de la industria promotora, de los ganaderos y de los colectivos vecinales y organizaciones ecologistas que se oponen a estas instalaciones se explicaron y debatieron en torno a una misma mesa.

Cuenca, 3 de octubre de 2019. CCOO-Industria CLM reunió ayer miércoles en Cuenca a todos los agentes implicados en una de las actividades económicas más polémicas de los últimos años por sus implicaciones sociales, laborales y medioambientales: la proliferación de grandes granjas porcinas.

03/10/2019.
Debate sobre macrogranjas y explotaciones porcinas en Castilla-La Mancha

Debate sobre macrogranjas y explotaciones porcinas en Castilla-La Mancha

Responsables de Agricultura, de la industria promotora, de los ganaderos y de los colectivos vecinales y organizaciones ecologistas que se oponen a estas instalaciones se explicaron y debatieron en torno a una misma mesa.

Fue un debate muy abierto, apasionado e incluso acalorado; con representantes de posiciones muy distintas, con intereses confrontados y opiniones opuestas, incluso radicalmente opuestas. Muchos de los asistentes al debate intervinieron también desde el público para interpelar a los ponentes.

Si en algo estuvieron todos de acuerdo fue en la necesidad de información y transparencia, que en algunos casos falta; y en agradecer a CCOO la iniciativa de sentarlos juntos y darles así la posibilidad de exponer sus argumentos, escuchar los de los demás, cuestionarlos o rebatirlos.

Abrió la jornada Joaquín Cuadrado, representante de la Administración autonómica como delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca, que explicó la normativa estatal y regional sobre explotaciones porcinas, y mostró el apoyo del gobierno regional a la ganadería extensiva pequeña y mediana.

Ya en el debate, Julián Redondo, de la empresa integradora ICPOR cuyos accionistas de referencia son las cárnicas Incarlopsa y Copiso, expuso su modelo de negocio y los planes que tiene para CLM, con una inversión de prevista hasta 2023 de 150 millones de euros; que, según la empresa, “permitirá dar trabajo a unas 3.000 personas, entre empleos directos e indirectos, en el medio rural de Castilla-La Mancha.”

Redondo afirmó que sus explotaciones porcinas cumplen la normativa, invitó a visitarlas a todos los asistentes -empezando por quienes las rechazan- e incluso reclamó “que se nos vigile para hacer bien las cosas”

Manuel Torrero, de Asaja-Cuenca, representante de los ganaderos, recalcó que “invertir en el medio rural no es tarea fácil. Nadie invierte en el campo; hay que buscar modelos de compatibilidad que solucionen la problemática actual, el fuerte ritmo de despoblamiento en las zonas rurales.”

Para Asaja, las explotaciones porcinas intensivas son una valiosa alternativa para generar actividad y empleo en el mundo rural porque garantizan la viabilidad económica de la inversión. “Ser grande significa ser más competitivo. Siendo grande se crea más empleo y se reducen costes unitarios”. Defendió además que sí son sostenibles desde la perspectiva social y medioambiental. “No se les puede tratar como apestados”

Daniel González, de Ecologistas en Acción CLM, subrayó el impacto global de la ganadería industrial; que contribuye directa e indirectamente al Cambio Climático, afecta de forma negativa a la calidad del agua y pone en riesgo la salud pública.

Cuestionó también un “modelo de negocio de integración vertical” que a su entender convierte a los ganaderos en “falsos autónomos”; denunció los “incumplimientos de la legislación” en los que según Ecologistas CLM incurren tanto la industria como la Administración; y puso ejemplos concretos del negativo impacto demográfico que la instalación de grandes granjas de porcino ha tenido en distintos municipios de la región.

E Inma Lozano, de CLM STOP Macrogranjas, denunció el impacto demográfico y social de estas instalaciones, que generan mucho menos empleo del que destruyen y en vez de fijar población en los pueblos, la ahuyenta.

Expuso en detalle los motivos del rechazo a una macrogranja -en concreto, la de Pozuelo-Argamasón- y reclamó a la JCCM “una moratoria que paralice las licencias a las explotaciones de ganadería intensiva hasta que se evalúen y se valoren posibles soluciones que palien los efectos adversos que tienen este tipo de industrias en el entorno, en la economía, en la sociedad.”

A nosotros, a CCOO-Industria, la proliferación de las explotaciones intensivas de porcino es una cuestión que nos preocupa y ante la que no nos ponemos de perfil. Nuestro representante en el debate, Pepe Díaz, responsable del gabinete económico de la federación, destacó que las Macrogranjas tienen un impacto nulo o negativo en el empleo de la zona donde se instalan.

Garantizan eso sí la actividad y el empleo en la industria cárnica destinataria; pero si una macrogranja no ofrece absolutas garantías de viabilidad social y medioambiental, contará con nuestro rechazo.

Porque lo que sí hay son alternativas para suministrar materia prima a la industria cárnica, desde explotaciones ganaderas más pequeñas y desde la ganadería extensiva, cuyos efectos sociales y medioambientales sí son demostradamente positivos.

Creemos que antes de instalar una granda intensiva de porcino en un municipio, el ayuntamiento tiene que facilitar a los vecinos toda la información y recabar su consenso. Creemos que la Administración autonómica no puede autorizar macrogranjas o grandes granjas porcinas sin plenas garantías en el tratamiento de los purines, en el uso de agua y el mantenimiento de su calidad.

Creemos que hay seguir recabando y contrastando datos, e investigando también desde la UCLM, sobre los efectos medioambientales, económicos, sociales y demográficos de estas instalaciones a medio y largo plazo.

Y, sobre todo, creemos que es más que conveniente -y así se lo reclamamos al representante de la Administración a la conclusión del debate- abrir espacios de diálogo entre todos los implicados.

Esperamos que la jornada que celebramos el miércoles pueda ser un punto de partida para aglutinar consensos; una exigencia de rigor para la administración, las integradoras y los ganaderos; y un acicate para la labor de las organizaciones ecologistas y de los colectivos vecinales preocupados por el futuro de sus pueblos y de nuestro planeta.

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