CERMI, FACUA, CAVE, CCOO-Industria y FICA-UGT piden una reunión con Martínez Guijarro para advertir a la JCCM contra las gasolineras desatendidas

  • Queremos que se mantenga la exigencia de que cada gasolinera cuente con la presencia al menos de una persona por turno, porque solo así se podrá salvaguardar el empleo en el sector y garantizar los derechos de las personas consumidoras, de las personas con discapacidad y de las personas mayores.

Toledo, 18 de octubre de 2019. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI), FACUA CLM, la Confederación de asociaciones vecinales y consumidores de CLM (CAVE), CCOO-Industria CLM y la Federación de Industria Construcción y Agro de UGT CLM han solicitado hoy una reunión al vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, con el que quieren abordar “a la mayor brevedad posible” la situación del sector de Estaciones de Servicio de Combustible en CLM.

18/10/2019.
Ángel León atendiendo a la prensa

Ángel León atendiendo a la prensa

Entre otras cuestiones, los responsables regionales de CERMI, FACUA, CAVE, CCOO-Industria y FICA-UGT quieren contrastar con el vicepresidente el grado de cumplimiento de la regulación autonómica actual del sector; así como conocer de su mano las líneas fundamentales de la nueva normativa en elaboración por parte de la JCCM desde hace dos años; y plantearle al respecto las propuestas de las cinco entidades, muy preocupadas por la proliferación en la región de estaciones de venta y suministro de combustible totalmente desatendidas.

“Pese a que el decreto autonómico de vigente, el 33/2005, obliga a que cada estación de servicio disponga ‘en la propia instalación, mientras permanezca abierta y en servicio, al menos de una persona’, desde 2014 a 2019 se han abierto en CLM 329 nuevos puntos de venta de carburantes, que deberían haber generado 1.645 nuevos puestos de trabajo y sin embargo solo han generado 12. Eso significa que la mayoría de estas nuevas gasolineras abren sin personal ninguno”, advirtió León, que advirtió que los puestos de trabajo no creados en el sector hubieran supuesto para CLM más de 30 millones de euros en salarios y cotizaciones a la Seguridad Social.

A los efectos negativos de la apertura de gasolineras sin personal sobre el empleo y la economía de la región se añade “la competencia desleal frente a las que sí cumplen la normativa; además de no garantizar los derechos de las personas consumidoras y en especial de las personas con discapacidad; poner en riesgo la seguridad de las propias instalaciones y la de sus usuarios y trabajadores; e incidir en la despoblación del medio rural.”

Así, Carlos Duque destacó que “la liberación del sector no puede ir en contra del empleo y desatender los derechos de las personas. Más aún en una región como la nuestra, en la que hay muchos desempleados y mucha gente mayor que vive en los pueblos”. Los primeros no tienen opción de encontrar un trabajo, los segundos tienen muy difícil hasta repostar combustible.

Marcelina de la Vega, asesora jurídica de CERMI-CLM, ha recalcado que “cuando hablamos de una Castilla-La Mancha despoblada y con un porcentaje de personas con discapacidad que viven en el medio rural cada vez es mayor, hay que advertir las estaciones desatendidas limitan muchísimo las opciones de estas personas para ejercer la libertad de movimientos y sus posibilidades de acceso al empleo en igualdad de condiciones al resto".

Por todo ello, CERMI, FACUA, CAVE, CCOO-Industria y FICA-UGT reclaman a Martínez Guijarro que la Administración exija a las estaciones de servicio de carburantes que cumplan el decreto vigente; y le pedirán que el nuevo Decreto que el Gobierno de CLM lleva dos años preparando “no lo modifique a peor.”

“Queremos que se mantenga la exigencia de que cada gasolinera cuente con la presencia al menos de una persona por turno, porque solo así se podrá salvaguardar el empleo en el sector y garantizar los derechos de las personas consumidoras, de las personas con discapacidad y de las personas mayores. Y queremos que la nueva normativa incremente las sanciones actualmente establecidas, porque los propietarios de estaciones desatendidas prefieren pagar las multas, 300 euros, que contratar a personal. Les sale más rentable”

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