Fracaso absoluto del referéndum de Quintanar del Rey: menos de la mitad de la plantilla municipal acudió a la convocatoria ‘ilegal’

    Quintanar del Rey (Cuenca), 13 de noviembre de 2019. Menos de la mitad de la plantilla municipal de Quintanar del Rey participó el pasado viernes en la asamblea consultiva a nuestro juicio claramente ilegal, convocada por un único miembro del comité de empresa, alentado y respaldado por el alcalde, Martín Cebrián (PSOE), pero desautorizado por los otros ocho integrantes del órgano unitario de representación de los trabajadores del Ayuntamiento.

    13/11/2019.
    Urna electoral

    Urna electoral

    Según las informaciones recabadas entre los asistentes -porque ni el convocante ni equipo municipal de Gobierno ha informado al respecto- de los 111 empleados con los que en la actualidad cuenta el consistorio, solo 43 acudieron a la “convocatoria a votación para todos los trabajadores a la propuesta de la aprobación de la RPT por parte del Ayuntamiento” remitida dos días antes a (casi) toda la plantilla municipal desde el correo institucional alcalde@quintanardelrey.es.

    Para mayor chasco, no todos los asistentes votaron a favor de la nueva RPT que está tramitando el equipo municipal de Gobierno; RPT que en su día contó con el rechazo de la parte social y contra la que alrededor de sesenta trabajadores presentaron alegaciones.

    Los responsables municipales han atendido algunas de estas alegaciones y otras no. Aunque se van conociendo algunos detalles de agravios y discriminaciones inexplicables e insostenibles, no se sabe el contenido global de la nueva RPT, ni qué criterios ha aplicado el equipo de Gobierno para rehacerla; puesto que se ha negado a informar a la Representación Legal de los Trabajadores “en virtud de lo establecido en la Ley de Protección de Datos”, según el alcalde.

    “El argumento es chusco, entre otras cuestiones porque la nueva RPT aún debe ser objeto de negociación con la Representación Legal de los Trabajadores, de debate en Comisión y de aprobación en el Pleno municipal”, recuerda Ángel Luis Castellano Bobillo, responsable del Sector Local de CCOO-FSC de Cuenca.

    “Malamente puede una RPT quedar al margen de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y malamente puede creerse que, al negarse a informar sobre la RPT, el equipo de Gobierno esté preservando datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, origen racial, salud o vida sexual de los/as empleados/as municipales; ni sus datos genéticos o biométricos, ni cualesquiera otros datos especialmente protegidos frente a la obligatoria transparencia y frente al derecho de acceso a la información no solo de los Representantes Legales de los Trabajadores, sino de los propios ciudadanos.”

    “Y si así fuera, llama la atención que la Ley de Protección de Datos, cuya vulneración tanto preocupa al alcalde, parezca no afectar al miembro del comité que convocó la asamblea y el referéndum del viernes, pues hay que suponer que él sí conoce en detalle el proyecto de RPT dado que lo sometió a la votación de la plantilla”, añade Bobillo.

    Pese a que la consulta no era vinculante, y pese al fracaso de la convocatoria por el escaso número de participantes, el comité de empresa no descarta denunciar ante la Inspección de Trabajo la misma convocatoria de esta asamblea consultiva, que a nuestro entender vulnera frontalmente lo establecido en el artículo 77 de Estatuto de los Trabajadores.

    “En el mismo comunicado en el que el alcalde apela a la LPD para negar información sobre la RPT al comité de empresa, el señor Cebrián dice que este artículo del ET ‘ampara al ‘delegado sindical’ que la convocó, Roberto Carlos González Navarro. Nada más lejos de la realidad. González Navarro es solo uno de los nueve miembros del Comité de Empresa, que es único órgano legitimado para convocar asambleas, decisión que debe adoptar de forma colegiada y por mayoría.”

    “Por más que el alcalde quiere malinterpretar y subvertir lo establecido en el artículo 77 ET, la asamblea consultiva del pasado viernes fue convocada por el señor González Navarro de forma unipersonal; avalado y respaldado por el alcalde pero en contra de los otros ocho miembros del comité de empresa; usurpando así las competencias que la Ley reserva a este órgano colegiado”, explica Bobillo.

    “Es natural comparar estos hechos con el referéndum ilegal convocado por el Parlamento catalán cuando el señor Puigdemont presidía Catalunya; aunque al señor Martín Cebrián le disgusta verse reflejado en este espejo y aduce en su descargo que quien envió la ‘convocatoria a votación para todos los trabajadores a la propuesta de la aprobación de la RPT por parte del Ayuntamiento’ no fue él, sino ‘el gestor documental del Ayuntamiento de Quintanar del Rey (Gestiona)’, que ‘utiliza por defecto el correo institucional alcalde@quintanardelrey para la notificación interna de asignación de registros y/o expedientes generales’.”

    “Este ‘gestor documental’ también parece ser competente para difundir entre la plantilla municipal convocatorias ilegales de asambleas, e incluso es capaz de discriminar a quién se las envía y a quién no, puesto que ningún miembro del comité de empresa recibió la remitida el miércoles (salvo quizá el propio convocante) pese a que obviamente todos ellos son trabajadores municipales.”

    “Creemos que ha llegado el momento de que el alcalde de Quintanar del Rey recapacite sobre su manera de actuar, que solo parece obedecer a un afán incomprensible de obviar, relegar, suplantar e incluso maltratar a los representantes legales de los trabajadores del Ayuntamiento.”

    “Además de situarse al borde, al margen e incluso en contra de la legalidad, esta forma de proceder está encizañando las relaciones laborales en el Ayuntamiento y afectando incluso a las relaciones personales entre los/as empleados/as municipales, favorecidos/as unos/as y discriminados/as otros/as por decisiones y actuaciones unilaterales, presuntamente arbitrarias y en todo caso opacas.

    Confiamos en que el vergonzoso episodio del referéndum le sirva para reflexionar, y a partir de ahí podamos comenzar una nueva etapa en el cogobierno de las relaciones laborales en el seno municipal, desde el reconocimiento y respeto al hecho sindical y al ordenamiento jurídico.”

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